El TC declara nula la Amnistía Fiscal

El pasado 8 de junio se hizo pública la Sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional y nula la comúnmente conocida como “Amnistía Fiscal”. Esta medida que fue impulsada por el Ministerio de Hacienda del Gobierno y su ministro Cristóbal Montoro es ahora tumbada por unanimidad del pleno, estimando un recurso presentado por el PSOE contra la regularización.

El Constitucional alega que la medida de regularización fiscal aprobada en 2012 atenta contra la Carta Magna española porque vulnera el artículo 86.1 que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas impulsadas por el afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes mencionados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE).

amnistia fiscal

La Amnistía Fiscal contradice la Constitución Española

La amnistía fiscal legitima como opción válida la conducta de aquellos que, de manera irresponsable, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica. Opción que los sitúa en una situación más favorable que la del resto de una ciudadanía que cumple voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. Así lo detalló el Constitucional con firme contundencia, afirmando la nulidad de la medida.

La resolución del Constitucional “no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada” en virtud de preservar la seguridad jurídica. Así, todas aquellas personalidades que se beneficiaron de la misma no sufrirán consecuencias legales. No obstante, el Tribunal recrimina la costumbre del primer Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, de impulsar gran parte de sus iniciativas mediante decretos ley.

¿Qué efectos tuvo la Amnistía Fiscal?

El Pleno del Constitucional considera que la regularización impugnada tuvo tres principales:

  1. Permitió la regularización de rentas ocultas al Fisco “a un tipo reducido”, concretamente del 10%.
  2. Eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de sanciones como “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”.
  3. Convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”, normalizando la situación de quienes habían ocultado dichas rentas inicialmente.

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